Redacción: Alejandro Martínez
(EN News)- En una carta, 185 académicos, abogados y 13 organizaciones pidieron a la fiscalía general de la República que anule el proceso penal en contra de seis exguerrilleros, y actualmente, líderes ambientales de la comunidad Santa Marta, en Cabañas.
«Debido a la falta de pruebas, la falta de garantía del derecho al debido proceso, la amnistía concedida en virtud de la Ley de Reconciliación Nacional que siguió a los Acuerdos de Paz de 1992, y las preocupantes motivaciones políticas para renovar la minería metálica en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño, los abajo firmantes escribimos para solicitar que la Fiscalía General de la República abandone inmediatamente el caso contra los defensores de agua salvadoreños», dice la carta.
La carta fue firmada por académicos de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Nueva Zelanda, República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia, Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Inglaterra, Irlanda, Italia, Las Filipinas y México.
La carta se refiere al proceso penal en contra de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega; aunque en el caso también fue apresado Fidel Recinos Alas, todos acusados por el homicidio de María Inés Alvarenga, quien presuntamente fue torturada y apresada en de agosto de 1989.
Los argumentos
La carta señala que, en el proceso, la Fiscalía no tiene pruebas dado que el testigo protegido «admitió bajo juramento que no tenía conocimiento de primera mano del presunto crimen. Curiosamente nunca se ha encontrado el cadáver de la supuesta víctima», dice la misiva.
También añadieron que existen faltas a las garantías procesales, y según ellos, contravienen a la Ley de Reconciliación Nacional. Principalmente, las organizaciones y académicos señalan que la acusación tiene intereses políticos, porque «probablemente se sumen a las motivaciones del gobierno para recuperar la minería de metales y silenciar a los defensores del agua de Santa Marta».
El próximo 11 de enero se cumple un año desde que los exguerrilleros y líderes ambientales de Santa Marta fueron detenidos por la Policía Nacional Civil por orden de la fiscalía general de la República, medida en la que permanecieron por nueve meses, hasta que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque revirtió la decisión a casa por cárcel, en la cual se mantienen.